Fuente: tecnopasion.com, España
El gobierno está ultimando una nueva Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) que se espera endurezca sustancialmente las medidas contra la descarga de archivos en redes P2P. Según informan medios como La Vanguardia, el ejecutivo pretendía haber aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes esta reforma, pero se ha retrasado por las tensiones con entidades de gestión de derechos, principalmente debido al gran poder que otorga la nueva ley a la SGAE.
La nueva ley pretende poner freno a la descarga de archivos sujetos a derechos de autor, regular el funcionamiento de las seis de las entidades de gestión de derechos como la SGAE y modificar el concepto actual de copia privada en el mundo digital y su compensación.
No obstante, el punto delicado de esta norma se encuentra en la necesidad de identificar a quienes infringen estas leyes de propiedad intelectual y cómo eso puede afectar a la privacidad y, sobre todo, a las operadoras que venden conexiones de alta velocidad y que son las mayores beneficiarias de la escasa persecución de las descargas ilegales.
Así, no está claro cuál será el modo en que se va a perseguir a los usuarios que descarguen contenidos sujetos a derechos de autor. Se espera que en esta nueva ley se incluya el mecanismo, que podría ser similar al que se utiliza en otros países como Francia o Reino Unido, donde se vigila la actividad de los usuarios y se les insta a dejar descargar contenidos ilegales.
