San José (Sala Redacción del Periódico La Nación, Costa Rica ).
La Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes en contra de la Ley de Delitos Informáticos y dejó sin efecto los artículos 196 y 196 bis de dicha legislación publicada en La Gaceta el 7 de noviembre.
Según informó Vanlly Cantillo periodista de la Sala IV, junto con dicho amparo se añadió un tercer recurso que había sido presentado por un grupo de varios ciudadanos en contra del artículo 288, el cuál ya había sido apelado y dejado sin efecto en una primera acción de constitucionalidad acogida la semana pasada.
El artículo 196 fija penas de cuatro a ocho años por violación de correspondencia o comunicaciones.
Mientras que el 196 bis, establece el castigo con prisión de tres a seis años a quien sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique o desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas, o en contenedores electrónicos.
El artículo 288 (el primero en ser suspendido la semana pasada) establece la pena de cuatro a ocho años de prisión a aquellas personas que procuren u obtengan informaciones secretas políticas.
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