lunes, 8 de febrero de 2010

Asociaciones de software libre denuncian que la nueva regulación de internet atenta al derecho a la privacidad de las comunicaciones


A pesar que es una noticia añeja, me parece oportuno publicarla, para aquellas personas que no han tenido oportunidad de escuchar o leerla.

Hispalinux, contra la nueva regulación de internet
El acuerdo alcanzado por unanimidad la semana pasada ( 11 nov 2009 ) en Bruselas para regular internet ha provocado malestar entre diversas asociaciones en favor del software libre y defensores de la neutralidad de la red, que consideran que el nuevo texto supone una regresión en los derechos y libertades fundamentales de los internautas.

En un comunicado hecho público esta tarde, Hispalinux ha firmado la reacción más contundente contra el acuerdo al denunciar que la nueva regulación de las telecomunicaciones (el Paquete Telecom) conculca, entre otros, el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Hispalinux afirma que el nuevo texto (que elimina la necesidad expresa de que sea el juez quien autorice la desconexión a internet tal y como exigía el Parlamento europeo hasta entonces) "permitirá a la administración pública, con ayuda de las operadoras, inspeccionar la información privada que transita por la red sin control judicial previo".

La nueva regulación de las telecomunicaciones conculca - quebranta -, entre otros, el derecho a la privacidad de las comunicaciones Deliberada ambigüedad, asimismo, censura la deliberada ambigüedad del texto consensuado el pasado jueves, que señala que las medidas de restricción de acceso a internet deberán ser tomadas "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho de privacidad", mediante "un procedimiento previo justo e imparcial" (sin especificar si deberá ser el juez o la administración pública), y garantizando "el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna". Unas garantías judiciales, denuncia Hispalinux, de las que los ciudadanos europeos gozan desde el siglo XIX.

"El pasado jueves un exultante y festivo Parlamento Europeo, secundado por numerosas asociaciones y grupos aparentemente defensores de nuestras libertades, celebraban el éxito del final de algunas de nuestras garantías judiciales fundamentales (...) El pretexto era que para interrumpir el acceso a internet iba a ser necesaria una decisión judicial. A cambio de esto, que ya lo teníamos (¡), quedaba a salvo el propósito último de los Gobiernos y de toda su utópica sociedad del control que consiste que ellos, o incluso terceros delegados por ellos (como sucede en Francia) inspeccionen la información privada que transita por la red sin control judicial previo. (...) Con esta nueva regulación nuestras fiables Administraciones Públicas y sus colaboradoras necesarias, las operadoras de telefonía, podrán generalizar la investigación sobre la vida privada de muchísimos ciudadanos y empresas europeas, que hasta ahora tenían una expectativa de intimidad en sus comunicaciones electrónicas, y así tirar a la papelera nuestra tradición jurídica".

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