Fuente: canarias7.es
Los datos de wifi que se captaban "por error" por Google para el servicio de cartografía en internet Street View "no eran legibles", porque estaban en código binario, ha afirmado ante el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid la directora de Relaciones Institucionales de la empresa en España, Bárbara Navarro.
La responsable de Google ha comparecido hoy como imputada ante la titular de dicho juzgado, Raquel Fernandino, durante algo más de una hora, en relación con una querella presentada por la asociación Apedanica por supuestos delitos de revelación de secretos o vulneración de la intimidad en el caso Street View.
Juristas consultados por Efefuturo consideran que esta citación es un paso popular importante, pero con pocos visos de prosperar ya que dudan de que Google tuviera intenciones de espionaje con Street View, como le achaca la parte querellante.
La recogida de imágenes para este callejero en internet con imágenes en 360 grados se inició en España en 2008, con el despliegue de vehículos, mientras que las pruebas para el proyecto se realizaron en Estados Unidos; con posterioridad, el producto pasó a cada uno de los países en donde está presente Google.
En 2010 Google ya reconoció el "error" de captar información de usuarios de redes wifi "aleatoriamente a razón de cinco veces por segundo" durante la toma de datos para Street View, un problema que fue solucionado "en cuanto nos fue posible", según su responsable; dichos datos "no eran legibles", porque estaban en código binario, ha asegurado Navarro.
Por otra parte, el abogado de la asociación querellante, José Manuel López Iglesias, ha advertido de la enorme capacidad de Google para captar información, mientras que el Estado, a través de la Fiscalía y la Agencia Española de Protección de Datos, no está actuando para evitar que informaciones indebidas lleguen a manos inadecuadas.
La querella se ampara en el artículo 197 del Código Penal sobre interceptación de las comunicaciones, que apunta como autor de un delito contra la intimidad a quien se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico u otros documentos o efectos personales o intercepte telecomunicaciones o use artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento.
Se critica que los coches de Google no habrían tomado sólo fotografías para su callejero sino que habrían aprovechado su periplo por el mundo para captar datos de redes wifi de hogares, tiendas, u otros establecimientos, sin el consentimiento de sus usuarios, habiendo interceptado sus comunicaciones.
Según el abogado Víctor Salgado, la citación a Google para declarar es una "primera acción popular" desde el punto de vista penal a la hora de considerarse las quejas de posibles agraviados por la captación masiva de datos por el gigante tecnológico, pero cree que el procedimiento acabará archivándose, porque no parece que la tecnológica quisiera espiar.
Piensa parecido Joaquín Muñoz, abogado del popular Mario Costeja, cuyo caso motivó el "derecho al olvido" en internet, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara su petición de retirada de enlaces a informaciones en la web que le perjudicaban.
Para Muñoz, es muy poco probable que el caso actual contra Google prospere, porque no cree que esta empresa tuviera intenciones de espiar el contenido de las comunicaciones interceptadas con los vehículos del servicio Street View.
El procedimiento por vía penal es independiente a otras actuaciones que en su día fueron emprendidas por autoridades como la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) y entidades de otros países competentes en la materia por este mismo caso de Street View.
En 2010 la AEPD abrió un procedimiento sancionador a Google tras una serie de actuaciones de inspección sobre la captación y almacenamiento sin consentimiento de datos de localización de redes wifi por los vehículos utilizados para fotografiar calles en distintas ciudades para la aplicación Street View.
El procedimiento quedó suspendido temporalmente a finales de ese año dado que la ley obliga a hacerlo cuando se inicia un procedimiento judicial.
También en esas fechas la Fiscalía de Guipúzcoa archivó diligencias iniciadas tras una denuncia de la asociación de consumidores Facua contra Google por supuesto espionaje mediante grabaciones de su flota para Street View.
